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20 de octubre de 2012

 

Luz Stella Rodríguez Mesa

Presidente de la Asociación Colombiana de Criminología

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La violencia es más que el simple producto de valores, actitudes y creencias delictivas;

la violencia está enraizada en el oscuro trasfondo de la inexistencia de vínculos

prosociales y de políticas claras de corresponsabilidad

 

Una negociación de paz con las FARC, plantea importantes retos para Colombia, donde es primordial tener en cuenta las lecciones aprendidas por otros países como el Salvador, Guatemala, el Congo e Irlanda del Norte. Las experiencias que se han dado en Colombia con el M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Ejército Revolucionario Popular (ERP), el Quintín Lame y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); al igual, que las resoluciones, recomendaciones y documentos emitidos por organismos nacionales e internacionales.

Algunos puntos para tener en cuenta serian:

• Para el diseño de una propuesta de paz, con un propósito concreto y mejores perspectivas de éxito es importante revisar los acercamientos fallidos de 1984, 1990, 1998 y 2002; comprender su origen y generar estrategias para sortear los mismos.

• El proceso de paz necesita de un marco jurídico que viabilice el establecimiento de acuerdos, pero que a su vez, priorice los derechos de las víctimas ajustados al Derecho Internacional Humanitario; y así garantizar que las autoridades ejerzan su capacidad de investigación y juzgamiento.

La posibilidad de éxito de un proceso de paz, se ve disminuida si no se tienen respuestas a interrogantes como: ¿Qué paso?, ¿quiénes fueron?, ¿cuántos son?, ¿dónde y cómo están?, ¿qué necesitan?, ¿qué se busca con el proceso de paz?, ¿Qué están el estado y la sociedad dispuestos a brindarles?

• Es necesario promover una identidad y una cohesión social alrededor de la consecución de la paz, donde se expresen y consoliden imaginarios de justicia. Esto supone el diseño de estrategias donde la comunidad tenga una participación activa a lo largo de todas las etapas del proceso de paz.

Estas estrategias deben generar espacios donde se escuche la voz de la sociedad como víctima indirecta del conflicto. Se construyan propuestas encaminadas esclarecer la verdad, al reconocimiento del daño y la reparación del mismo.

Omitir estos elementos, incrementaría la injusticia social que de acuerdo con el paradigma criminológico de la reacción y el conflicto social, incrementaría la violencia.

• De forma paralela a los diálogos de paz, se debe dirigir la mirada hacia acciones concretas y efectivas, en la etapa de posconflicto. De acuerdo con la revisión de experiencias internacionales de los procesos de posconflicto en países como Guatemala, Irlanda del Norte, El Salvador; la violencia aumenta en la etapa posterior al conflicto o al menos no disminuye tan rápido como se esperaba.

En este sentido, es primordial hacer una estricta evaluación y seguimiento a los programas dirigidos a victimarios, a las víctimas y a la sociedad en general.

La efectividad de estos programas, se optimiza si estos son reconocidos por los victimarios como paso necesario para prevenir la reincidencia. Además, de una evidencia tangible de que la sociedad cree en su posibilidad de cambio, y un reconocimiento social a la confesión del delito y la expresión de disculpas hacia las víctimas y la sociedad.

En el caso de las víctimas, los programas deben partir de una contingencia clara entre el daño y el acto reparativo; donde la reparación integral no pierda su norte, circunscribiéndose únicamente a lo económico y/o simbólico; por ende es importante que peritos realicen valoraciones que permitan dimensionar de manera real, los daños morales y psicológicos de las víctimas.

Estos programas cumplirían con su objetivo, en la medida que sean identificados por las víctimas, como un espacio para ser escuchadas, para encontrar respuestas a sus cuestionamientos; como una acción que busca restablecer sus derechos, y que impacta positivamente el proceso de elaboración emocional del daño que sufrieron.

• La consecución de la paz en nuestro país, está ligada a generar una política transicional de control de drogas. Diversos estudios evidencian que las FARC obtienen financiación cobrando "impuestos" en las etapas de cultivo, procesamiento de droga y ofrecen a los traficantes sus servicios de seguridad.

De igual manera, documentos que han analizado la desmovilización y las variaciones del homicidio, han reflejado que en las zonas donde se ha incrementado el homicidio, existen reportes de dos problemáticas; nuevos grupos armados y tráfico de drogas. Además, se ha encontrado que hay una relación, directamente proporcional entre las zonas de cultivos ilícitos y aquellas en donde es evidente la presencia de unidades remanentes de grupos ilegales.

• El Estado debe aumentar su capacidad de establecer vías de resolución alternativa y efectiva a los conflictos sociales y políticos, lo que conlleva procesos de modernización, reforma de instituciones públicas, presencia del estado en todo el territorio nacional y ajustes a la política de distribución de tierras, entre otros.

La paz va más allá del resultado del proceso de negociación, ya que la violencia está relacionada con el nivel de desempleo, el refuerzo de los estereotipos, la ruptura de la solidaridad por miedo a ser victimizado, la segregación, la delincuencia, la criminalización de actitudes discrepantes, la sospecha frente a los grupos externos, la calidad de vida y la exclusión, entre otros.

Finalmente, el éxito del proceso de paz está ligado al concepto de corresponsabilidad y eso involucra directamente y en igual proporción a quienes administran la justicia, al Estado, a los miembros de la sociedad y a las organizaciones que participamos en este crucial proceso.

Ediciones de Notas Criminológicas

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