Por: César Velásquez, miembro honorario nacional Asociación Colombiana de Criminología (ACC)

Doctor en Sociología de la Universidad Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte‑Brasil), con énfasis en sociología urbana. Maestría y grado en economía de la Universidad Externado de Colombia.

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En vista de los desafíos que la pandemia vigente impone a Colombia, y al mundo, urge sumar voces a la búsqueda por alternativas posibles de manejo de una coyuntura inédita de nuestras generaciones presentes. Resulta razonable partir de la premisa que el coronavirus, Covid‑19, es un detonante y no el causante de problemáticas estructurales que ya venían en curso y acompañadas de diversas señales en diferentes ámbitos de nuestras sociedades. En tal sentido, el virus se ha convertido en una cruel rendición de cuentas de nuestros comportamientos individuales y colectivos de cara a la garantía del bienestar general.

En la medida que los sistemas de salud son más precarios, y las capacidades de investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos potenciales más débiles, el aislamiento social se convierte, más que en una medida, en una tabla de salvación. Las experiencias de China y de Corea del Sur muestran que la relevancia, duración y formas del aislamiento dependen de una movilización ambiciosa, osada y contundente en materia de salud y de investigación científica. No por nada son sociedades de conocimiento que día a día han ganado liderazgo en el concierto internacional. Si bien en Bogotá se ha entendido que el aplanamiento de la curva de difusión del contagio permiten ganar tiempo para ampliar las capacidades de atención en salud, aún sorprende que esta no sea una política implementada de manera más ágil y efectiva a lo largo y ancho de la geografía nacional, y con mayor énfasis en los más vulnerables como son los territorios PDET del acuerdo de paz con las extintas FARC o el propio personal médico.

 

Vale reconocer los esfuerzos de alivio a los más afectados con el paro generalizado de actividades; sin embargo, su alcance resulta insuficiente en el nivel micro de cada uno de los beneficiarios y desbordado por otras dificultades, de tiempo atrás, que ahora tienden a escalarse ante la condición de aislamiento social, como la violencia intrafamiliar y el abuso de nuestras niñas(os). También se nota una excesiva dependencia de la iniciativa privada, como la reconversión parcial de algunas fábricas hacia la oferta de insumos médicos, que ayuda a una adaptación de las capacidades para la provisión de salud, aunque lo requerido es una amplificación de la misma.

Así mismo, son loables las labores de la Policía y el Ejército en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de aislamiento social. No obstante, es poco razonable pensar que los uniformados consigan regular a una población de más de 1 millón y medio (aprox.) de trabajadores informales “parados”, para sólo mencionar Bogotá, o una frontera de 2200 kms. de extensión con Venezuela, “plagada” de atajos por los que transita población desprovista de la atención médica requerida. En cambio, sí preocupan sobremanera las atribuciones que se le puedan conceder a los policías y soldados para controlar a la población (e.g. pico y género), so pretexto de la presencia del virus en el ambiente.

Se nos dirá que no contamos con las posibilidades para financiar el esfuerzo que las circunstancias de la pandemia demandan. Sin embargo, la política es también el arte de lo posible y, por ende, de la creatividad. Este es un momento más que pertinente para reivindicar su valor original, por encima de la “politiquería” y del proselitismo de cualquier tipo. Es frente a los desafíos colectivos que las sociedades pueden hacer una diferencia histórica, siempre que se asuma el orden de prioridades adecuado y reconozca lo que se ha hecho mal hasta ahora.

No es prudente adoptar cualquier forma de ‘aislamiento inteligente’ o ‘escalonado’, sin contar con las capacidades de atención médica para enfrentar el pico, o los picos a futuro, de contagio; menos aun cuando el registro de los casos de infectados y de muertes por el virus no es claro por la escasez de las pruebas de detección de contagios y la demora de hasta 8 días en sus resultados, mientras que pacientes asintomáticos pueden propagar un virus que tarda 2 semanas en promedio para manifestarse en sus cuerpos. En otras palabras, no tenemos certeza sobre la “famosa” curva de difusión del virus y presumir tenerla es tan solo “dar palos de ciego” y confundir a la población. Tal incertidumbre, y los déficits de atención en salud, conllevan a una disyuntiva entre hambre o virus, y a introducir el ‘aislamiento inteligente’ o ‘escalonado’ para aceptar de modo forzoso lo segundo.

Preocupan también los riesgos que implica para la democracia y el Estado Social Derecho, consagrados en nuestra Constitución, una reactivación de la economía con la amenaza latente de propagación del virus. Esta puede ser usada para revivir la lógica del enemigo interno, otrora ocupada por las FARC o el Castro‑Chavismo, de modo que se administren a conveniencia particular medidas de aislamiento social y de restricción a las libertades ciudadanas para evitar la oposición de un país movilizado en contra de nuestras ya vergonzosas e internacionalmente reconocidas desigualdades e inequidades sociales; entre estas, de hecho, las relacionadas con el acceso a una salud y educación de calidad.

En el debate de la reactivación, quizá la disyuntiva sentida por determinados sectores sociales entre economía o vida esté fundada en que, hasta ahora, el modelo económico que opera en el país concentra sus beneficios en unos pocos y, en tal sentido, funciona de espaldas a las necesidades básicas de la población. Por supuesto que interesa, sí, la reactivación. La de una economía para la vida que reconozca a las personas, trabajadores y emprendedores como nuestro principal recurso productivo y creativo y, por tanto, su bienestar humano representa la mayor fuente de beneficios para todos, antes que el dinero. Sorprende que se haya mantenido un esquema de gobernanza limitado a convocar y articular iniciativas privadas, a modo de teletones, cuando el momento extraordinario que atravesamos demanda un gobierno, y un Estado, motor de las intervenciones. Es ingenuo esperar que el esquema de EPS y ARL ofrezca capacidad de respuesta, si este fue diseñado para privilegiar la lógica de la rentabilidad financiera frente a la de la salud.

¿Porque no pensar en un impuesto al patrimonio con la misma presteza con que fue introducido para financiar la denominada seguridad democrática de los años de guerra del gobierno Uribe? ¿Porque no redistribuir una porción del presupuesto de seguridad y defensa para destinarlo ahora al sector salud? ¿Acaso la política de la salud no es una de seguridad y defensa de la vida?

Es curioso que las medidas económicas implementadas, y propuestas a día de hoy, solo giren en torno al financiamiento o alivio del paro generalizado de actividades, algunas veladas bajo el título de protección del empleo, como si nuestra economía funcionara a pleno empleo, sin recursos ociosos, y con calidad de vida para la mayoría. ¿Porque no pensar en un programa de empleo público masivo en la manufactura de insumos médicos y en la producción de alimentos para una dieta sana y balanceada, más allá de carnes de pollo, res y cerdo? ¿Acaso no tenemos un campo despoblado, sembrado de vacas, y un éxodo de campesinos empobrecidos que llegan a la ciudad para convertirse en los trabajadores informales más vulnerables al paro provocado por la pandemia?

Es desconcertante que los debates económicos se centren en sostener el ingreso de los hogares, cuando el aislamiento social golpea la existencia misma de un mercado y vivimos problemas estructurales, ya de antaño, de oferta agregada. No tendría por qué existir riesgo inflacionario cuando se emite dinero para hacer inversiones sociales estratégicas en el bienestar de nuestro principal recurso productivo y creativo: la gente. En cambio sí se alaba el endeudamiento externo, con pesados condicionamientos presentes y futuros, con entidades multilaterales de crédito, las cuales denominan los préstamos en una moneda (dólar), administrada por una autoridad monetaria foránea ya duramente cuestionada desde la crisis de 2008 que nos precede y que aún refleja sus efectos.

Es claro que el aislamiento social es una medida de corto plazo, pues no es sostenible, y los agentes biológicos, tipo coronavirus, han llegado para quedarse entre la especie humana. La visión a proponer aquí es la de una economía para la vida como estrategia de mediano y largo plazo, de orden sistémica y para el conjunto del país. De nada sirve que Bogotá intente crear una burbuja de control del virus con una capacidad médica reforzada, si en el resto del territorio nacional no se tiene ese mismo nivel de respuesta, incluidas sus fronteras. Teniendo en mente toda esta seria de preocupaciones, es que se podrían considerar recomendaciones como:

• Emisión primaria de dinero, por una sola vez, para la puesta en marcha de un programa de empleo público masivo y de producción de insumos médicos, y para la instalación de infraestructura médica permanente y transitoria.
• Impuesto al patrimonio del 5%, sobre el patrimonio líquido de los declarantes de renta y complementarios con ingresos mensuales iguales o superiores a 10 millones de pesos.
• Reasignación del 10% del presupuesto público de seguridad y defensa de la nación para destinarlo a la inversión en salud.

Este tipo de recomendaciones tienen como propósito animar un debate público efectivo sobre la gestión gubernamental y estatal de la pandemia experimentada hasta ahora, pues es insostenible y perjudicial depositar el grueso de esta responsabilidad en la población mediante las medidas de aislamiento social, incluso ‘inteligente’ o ‘escalonado’. En aras de ampliar este debate, es imprescindible un mayor protagonismo de las instancias parlamentarias del Estado, en todos sus niveles territoriales de administración, y así no quedar simplemente expuestos a las directrices de mandatarios que pueden o han resultado insuficientes en lo que va corrido de la crisis.